Ante la situación excepcional creada a causa de la propagación del Covid-19 por todo el territorio y la declaración del estado de alarma por parte del Gobierno, la dirección de Correos debe decidir si suspende la actividad laboral, limitándola a los servicios esenciales, o por contra, desoyendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, sigue exponiendo a los más de 50.000 trabajadorxs de Correos a un riesgo grave e inminente para su salud.
Estas últimas semanas, en la mayoría de oficinas, pabellones o unidades de reparto, se ha seguido trabajando con “normalidad” pese a la ausencia total de medidas de higiene, seguridad y salud. En los últimos días, no obstante, ya se han confirmado varios positivos en distintos centros de trabajo de Madrid o Barcelona, en los que Correos ha optado por cesar la actividad, cerrar los centros y proceder a desinfectarlos.
Es evidente que la dirección y las jefaturas de Correos están yendo a remolque de los hechos, sin embargo, entendemos que la situación es excepcional y, por eso mismo, requiere de una solución excepcional: Correos debe parar para no seguir poniendo en riesgo a lxs trabajadorxs, usuarixs ni al resto de la ciudadanía. Recordamos que en el artículo 21 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales obliga al empresario a adoptar las medidas necesarias e instrucciones necesarias en caso de peligro grave, inminente e inevitable, pero también faculta a lxs propixs trabajadorxs para que, en el caso de que no se garantice su protección ante dichos riesgos, puedan interrumpir su actividad. Asimismo, en el caso de que la empresa no cumpla con esta obligación, la mayoría de lxs representantes legales de lxs trabajadorxs podrán suspender la actividad comunicando este acuerdo de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual, en el plazo de veinticuatro horas, anulará o ratificará la paralización acordada.
Finalmente, desde CGT tenemos claro que esta medida no debe ser acosta de lxs trabajadorxs y que bajo ningún concepto se debería aprovechar la alarma para la aplicación de medidas de ajuste o recorte de plantilla y salarios. La crisis del coronavirus no puede ser la excusa para avanzar en los planes de precarización y recorte de derechos de la clase trabajadora, tampoco en Correos.